LA EMPRESA VERNISTA QUE HACE BUENOS NEGOCIOS

Sol y sombras

Una oscura maniobra de la empresa “Sol Obras S.R.L.” en el marco de una licitación del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) reinstaló el fantasma de los hechos de corrupción en ese organismo provincial, históricamente utilizado como caja recaudadora por el poder político.
Sol Obras “apareció” como de la nada con el inicio de la gestión de Carlos Verna como gobernador y Jorge Tebes –un hombre de su riñón– como titular del IPAV. Todos parecen haber llegado para quedarse.
Otro de los hombres fuertes en ese organismo, y que ha defendido encendidamente a Sol Obras SRL, es el gerente general Rubén Larrea, uno de los recaudadores predilectos del gobernador e integrante de una de las fundaciones subsidiadas por El Barba cuando era senador: “Amanecer”, paradigma de las “entidades intermedias sin fines de lucro” al servicio de dirigentes políticos y utilizadas como organismos para desviar dineros públicos invertidos en campaña proselitista.
A lo mejor es nada más que una casualidad, pero Larrea, pese a que se le puede cuestionar su falta de transparencia, parece estar rodeado por referencias a la luminosidad: cuando no es la fundación Amanecer, es la empresa Sol.

A PEDIDO. José Giorgis, propietario mayoritario de la firma, confirmó que decidió anotarse en el Registro de Licitadores de la Provincia a pedido de un grupo de intendentes.
Las sospechas que recaen sobre la empresa y sus vínculos con el poder político tienen su razón de ser: hasta el habitualmente distraído Tribunal de Cuentas hizo severas advertencias y reiterados llamados de atención cuando detectó groseras anomalías.

COPIATE. El mes pasado Sol Obras SRL quedó en el centro de la escena porque una publicación del diario La Arena hizo referencia a una situación que, en un país en serio, sería escandalosa. Pero que en el feudo pampeano se toma con absoluta naturalidad.
Según lo que se sabe, en los primeros días de diciembre del año pasado, Sol Obras accedió a un expediente y fotocopió un plano topográfico de General Acha que había presentado –en esa misma licitación– la constructora Ecop. Obviamente, está prohibido fotocopiar un expediente en esas condiciones.
Ecop descubrió la maniobra y la denunció. Recién cuando el caso trascendió públicamente el gobierno apartó de su cargo de gerente técnico del IPAV a Fabián Arrigone, que de todos modos fue conchabado en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos que comanda otro vernista del riñón: Julio Bargero.

REINCIDENTE. No es la primera vez que Sol Obras queda bajo sospecha, aunque hace apenas un par de años que existe como tal. La firma fue creada tras la asunción de Verna. Y desde entonces ha hecho buenos negocios (aún después del último escandalete), pese a que en un momento el Tribunal de Cuentas metió la cola y le frenó una licitación varias veces millonaria (ver aparte).
Su propietario mayoritario –tiene el 90 por ciento de las acciones– es José Giorgis, oriundo de la localidad de Alta Italia. Su socio minoritario fue identificado por él mismo como Walter Sánchez. En el IPAV, con la gestión de Verna, los intendentes del norte provincial empezaron a pisar fuerte, sobre todo a partir de que Héctor Jesús Rosso –ex intendente de Villa Mirasol– integró el Consejo Asesor. En Villa Mirasol, casualmente, la firma Sol Obras SRL tiene los talleres de construcción de premoldeado.
Curiosamente, el diario La Arena, basándose en datos aportados por “fuentes gubernamentales”, indicó que “el anterior representante técnico (de la empresa) era un tal Rosso”. Ese cargo ahora está en manos de Daniel Pinna, empresario vinculado al Hotel Calfucurá.
Giorgis contó ante un periodista de El Fisgón que su idea al empezar a participar de licitaciones en el área de la construcción fue “colaborar a pedido de los intendentes”.
Antes de dedicarse a la construcción de viviendas, bajo el nombre de “José Giorgis”, el empresario estuvo dedicado a las maquinarias viales y a la construcción de rellenos sanitarios.

MÁS LICITACIONES. Sol Obras siguió recibiendo beneficios oficiales aún después de que se denunciara la “fotocopia” de la polémica. A través de un decreto antes de fin de año se le adjudicó una licitación por más de 320 mil pesos para la construcción de la red de desagües cloacales para 240 casas en Santa Rosa. En febrero de este año accedió a otra licitación: más de 440 mil pesos para la infraestructura pública de red de agua potable, red de cloacas, cordón cuneta y red de gas natural para otras 100 casas del Plan Federal de Viviendas, en Toay. La misma empresa trabaja en la remodelación de la sala de terapia neonatal del hospital “Dr. Lucio Molas”, por un monto de 215.058,94 pesos.

“No nos interesa quiénes
integran las empresas”

El año pasado el gerente general del IPAV Rubén Larrea respondió preguntas del diario El Diario sobre la empresa Sol Obras.
Por ejemplo, si había sido recomendada por algún municipio en particular. “No, en ese caso no vino recomendada. Se inscribieron y punto”.
–¿A ustedes no los sorprendió que una empresa nueva interviniera en licitaciones millonarias?
–No nos llamó la atención. Es que ahora hay empresas grandes, medianas y chicas. No nos llamó la atención.
–¿Quiénes son los dueños de Sol Obras?
–No me acuerdo, son dos o tres socios. Pero a nosotros no nos llega el estatuto social.
El contador del IPAV, Walter Faccipieri también quiso defender la situación: “A nosotros no nos interesa quiénes integran las empresas. Es una empresa nueva, pero no son improvisados. Aparte, son empresas de acá. O sea... no es una empresa fantasma, nada. Y tampoco nadie nos llamó para que a tal empresa se le dé una obra... no. No hay ninguna subjetividad, son conceptos técnicos”.

Un antecedente de la
firma bajo sospecha

El 17 de marzo del año pasado, Sol Obras SRL ya fue noticia. Y no precisamente buena. Ese día se firmó la resolución número 15 del Tribunal de Cuentas, rechazando el modelo de contrato de la firma con el IPAV. Suspendió, entonces, las adjudicaciones de 102 viviendas, en Uriburu, Macachín, Ingeniero Luiggi y Colonia Barón. En total, se trataba de 3.200.000 pesos.
Sol Obras se había constituido mediante escritura pública el 19 de agosto de 2004. Se inscribió en la Inspección General de Justicia el 23 de septiembre de ese año. A la fecha de apertura de la licitación cuestionada, el 24 de noviembre del año pasado, habían transcurrido sólo tres meses de su creación.
El alta como empleador en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) fue pedida el 29 de octubre de 2004, es decir, 26 días antes de la apertura de sobres. Hasta ese momento, era una empresa que ni siquiera tenía empleados.
Las licitaciones públicas anuladas por el Tribunal de Cuentas fueron la 04/04, 17/04, 26/04 y 28/04. Sol Obras no había presentado balances de los últimos 12 meses, como establecían los pliegos.
El Tribunal de Cuentas llamó la atención a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación: “Existe una ausencia total de análisis a la documental que se exigía como de obligatoria presentación en los pliegos licitatorios ya que de otra manera se hubiera detectado que se estaba por preadjudicar obra a una empresa por un monto de $2.279.342, cuyo patrimonio real es de $ 39.854”.
Otra observación del contador fiscal interviniente fue para la actuación del Registro de Licitadores, que le otorgó a Sol Obras SRL una capacidad de contratación por 10.425.048 pesos. A la hora de calificar la actuación del Registro de Licitadores, el TdC dijo que la respuesta al cuestionamiento por la capacidad de contratación otorgada fue “ligera”.

LETRA FRÍA. “El Tribunal de Cuentas va a la letra fría y se ocasiona esto”, se quejó Larrea al salir en defensa no sólo de Sol Obras sino de otras empresas que fueron bochadas.
Y aseveró: “antiguamente siempre eran las mismas empresas (las que ganaban las licitaciones). Por eso nosotros resolvimos invitar a los municipios para que nos recomendaran las empresas que trabajan en los pueblos, para redistribuir más las tareas. Preferimos que haya más empresas con obras más pequeñas porque, entre otras cosas, eso genera más trabajo”.
La oposición política elaboró un pedido de informes –de cuya respuesta nunca se supo más nada– en que el advirtió: “debemos trabajar con el fin de erradicar definitivamente el concepto de clientelismo y asistencialismo, en las políticas de Estado, marcando que es un derecho de los ciudadanos que reúnan las condiciones necesarias para ser adjudicatarios de una licitación y que dichas obras licitadas deben ser adjudicadas de acuerdo a los requisitos debidamente cumplimentados y no como moneda de canje para obtener retribuciones políticas”.